Emergencia penitenciaria: Multisectorial de DDHH advierte sobre sus consecuencias

La Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande busca frenar y discutir las iniciativas presentadas por el bloque del Movimiento Popular Fueguino, en la Comisión 6 que preside la libertaria Natalia Gracianía, ya que «podrían perjudicar la situación de las personas privadas de su libertad y de vecinos y vecinas que podrían ver afectados sus derechos y libertades»

En comunicación con Tripulantes de la Mañana, José Piñeiro, integrante de la Multisectorial, explicó que, por un lado, se propone declarar la emergencia carcelaria para tercerizar y privatizar servicios como cultura, salud, educación y mantenimiento, entre otros, que hoy son responsabilidad del Estado. “Esta medida evidencia las intenciones de deslindarse de dichas responsabilidades”, explicó.

Explicó que la cárcel se podría convertir en un negocio bajo la órbita de empresas que la financien, significando un peligro para la libertad de la comunidad. En ese sentido, sostuvo que existen experiencias en otros países de la región que demuestran que no se han generado cambios positivos para la población en general y muchos menos para las personas privadas de la libertad.

“Sabemos que históricamente en el sistema penitenciario han sido vulnerados los derechos y garantías para quienes están privados de la libertad. En la actualidad la situación en la cárcel y alcaldías de nuestra provincia ya es crítica, en este contexto, preocupa que esté tipo de legislaciones sólo contribuyan a poblar las cárceles, promuevan el negocio del narcotráfico y contribuyan a un sistema penitenciario sin pensar en una verdadera reinserción, desde una perspectiva de una justicia reparativa” señaló.

Por otro lado, planteó que se busca modificar y desfederalizar la Ley Nacional Nro. 23.737 (Ley de estupefacientes y de drogas), por lo que garantizar y aplicar esta ley pasaría a ser responsabilidad de los juzgados y la policía local en lugar de la Justicia Federal o fuerzas de seguridad federales.

Desde la Multisectorial sostienen que esto podría aumentar de manera exponencial el crecimiento de la población carcelaria con “una cantidad importante de detenciones por narcomenudeo, y no solo por narcomenudeo sino por consumo”. Piñeiro apuntó a que estas detenciones tienen el objetivo de mejorar estadísticas, mientras “la justicia federal se desentiende de su responsabilidad y no se soluciona de fondo el problema del narcotráfico”.

Para frenar los proyectos, desde la Multisectorial proponen que se realice la consulta al Comité de prevención contra la tortura y al Consejo de Mecanismos Federales, para dar cuenta lo que ha sucedido en otras provincias y países con este tipo de medidas.