La justicia federal ratificó la vigencia de la Ley de Tierras

En Tripulantes de la Mañana, por FM Nuestras Voces, conversamos con el abogado del Centro Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, Jerónimo Guerrero Iraola, sobre la suspensión del artículo 154 del DNU 70/23 del Gobierno nacional, hasta que se resuelva el fondo del asunto.

«Entendemos que es un enorme logro político y una forma de apalancar lo que naturalmente debería haber sucedido en la cámara de Diputados de la nación» afirmó, caracterizando al DNU 70/23 como un instrumento nefasto que «en su totalidad apunta a desguazar el estado nacional y a generar las condiciones políticas, jurídicas institucionales de entrega de nuestra soberanía».

Durante la entrevista aclaró que el proceso judicial está en curso desde el mes de diciembre y que aún resta discutir la constitucionalidad o no del Artículo 154 y del DNU.

Jerónimo explicó que la Ley de Tierras fija límites, en diferentes zonas de nuestro país, subrayando que esta normativa surge en un contexto en el que «Argentina estaba siendo muy codiciada por parte de la comunidad internacional y grupos concentrados de poder para la adquisición de tierras».

«¿A qué apuntan estos movimientos comerciales y mercantiles?, a la comoditización de un recurso que va a ser estratégico». En ese sentido, aclaró que las adquisiciones son una inversión con un retorno económico para quienes adquieran esas tierras, en el caso de la tierra es una commodity porque el mundo va camino a una crisis de escasez en torno a los recursos naturales y en ese sentido nuestro país tiene mucho que aportar al resto del mundo.

Destacó que la Ley de Tierras pone un freno en clave de soberanía a «capitales transnacionales» que muchas veces, amparados por el Estado-Nación, tienen más poder que el Estado-Nación. Jerónimo remarcó la importancia de tener un Estado y una República fuerte, entendiendo que estas políticas extractivistas están siendo impulsadas por grandes grupos económicos de poder.

El abogado del CECIM consideró que es central el rol del Congreso de la Nación para poner un freno político, jurídico e institucional a la Ley Bases que «quiere condicionar y hacer que la Argentina entre de rodillas a la cuarta revolución industrial», aseverando que «está en juego el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos».